LA ESTELA DE CAÍN: EL CRIMEN DE CUENCA

El relato que se esconde bajo la denominación de “crimen de Cuenca” es, cuanto menos, escalofriante. Nos habla de un supuesto crimen cometido por dos campesinos, de torturas y de un grave error judicial y policial del que son víctimas dos inocentes de un pueblo de la provincia conquense, a comienzos del siglo XX. Hace referencia también a una polémica película de 1979 que cuenta esta dramática historia, una cinta que sufrió los estragos de la censura y que provocó un juicio militar contra su directora, Pilar Miró, cuando en España se vivían momentos convulsos, en plena transición democrática, y cuando el ruido de sables aventuraban un golpe de Estado que podría poner en peligro la, por entonces, inestable democracia española.




Para conocer mejor lo que ocurrió hemos de viajar en el tiempo, al año 1910 y a un entorno rural de la provincia de Cuenca, entre el pueblecito de Osa de la Vega y Tresjuncos, separados por apenas cinco kilómetros de distancia. En agosto de 1910, y tras vender unas ovejas de su propiedad, el pastor José María Grimaldos, de 28 años, apodado “el Cepa” por su corta estatura y su escaso entendimiento, desapareció sin dejar rastro. Posteriormente se averiguó que fue a tomar unos baños a “La Celadilla”, una laguna cercana cuyas aguas y barros, con los que se embadurnan los bañistas, se cree que poseen propiedades curativas. Según se decía, el Cepa era objeto de burlas por parte de León Sánchez, mayoral de la finca donde trabajaba y también por el guarda Gregorio Valero.

Transcurridas unas semanas, empezaron a circular rumores sobre la posibilidad de que lo hubieran asesinado para robarle el dinero de la venta del ganado. Sus familiares denunciaron la desaparición y acusaron como asesinos del Cepa a León Sánchez y a Gregorio Valero. Fueron detenidos e interrogados y, posteriormente, puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas. En septiembre de 1911 la causa fue sobreseída.

La causa se reabrió dos años después, como consecuencia de las insistentes denuncias de la familia del Cepa y coincidiendo con la llegada de un nuevo juez: Emilio Isasa Echenique. De nuevo fueron detenidos León y Gregorio y, lo más grave, fueron salvajemente torturados por la Guardia Civil. El juez quería la confesión de asesinato y saber dónde habían enterrado al Cepa, al que no dudó en dar por muerto, levantando acta de defunción con un curioso matiz: “No ha podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado”.

En 1918 se celebró el juicio en la Audiencia Provincial con un sumario plagado de contradicciones y diligencias sin esclarecer. Tras apenas treinta minutos de deliberación, el jurado consideró culpables a León y a Gregorio, y los condenó a dieciocho años de cárcel. La defensa a duras penas logró evitar la pena capital, el garrote vil entonces vigente. Siete años más tarde, como consecuencia de dos decretos de indulto, los supuestos asesinos salieron de la cárcel, destruidos física y moralmente. No volvieron a hablarse entre ellos. Cada cual sospechaba que el asesino había sido el otro.

Un año después, en 1926, el curo de Tresjuncos recibió una carta del párroco de una población cercana solicitándole la partida de bautismo del Cepa, que quería casarse. Se produjo tal conmoción en Osa de la Vega y en Tresjuncos que obligó al famoso juez a mandar detener a “quien se hacía llamar José María Grimaldos”. El Cepa regresó al pueblo, se había ido de allí simplemente porque le había dado un “barrunto”, según dijo. Eso había sido todo.

El ministro de Gracia y Justicia de la época mandó revisar la causa y el Tribunal Supremo anuló la sentencia y dictaminó las indemnizaciones para los acusados. El Tribunal Supremo reconoció que “hay fundamentos bastantes para estimar que la confesión de los reos Valero y Sánchez, base esencial de su condena, fue arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas”. Todo había sido un error, atizado por diferencias políticas entre estos dos pueblos conquenses. En el marco del sistema político entonces imperante, el de la Restauración, durante el reinado de Alfonso XIII, en el pueblo de Osa de la Vega, al parecer, había muchos elementos de izquierda y Tresjuncos estaba dominado por los caciques, una figura política clave durante ese período político en España. Así, el crimen de Cuenca ha pasado a la historia del derecho español como un caso paradigmático de error judicial, de torturas y de abusos policiales.

Sánchez y Valero acabaron sus días en Madrid, lejos de su pueblo y de las gentes que los habían condenado; ahí se les ofreció un trabajo de guarda jurado al servicio del Ayuntamiento.

Sobre estos hechos reales se han escrito varios libros pero lo que verdaderamente provocó todo un terremoto en su momento fue la película que, bajo el mismo título, dirigió en 1979 Pilar Miró, una mujer que, durante su vida, no dejó indiferente a nadie y que fue un personaje significativo en la reciente historia de España, y no sólo por su carrera como realizadora de cine y televisión o por los cargos de responsabilidad pública que llegó a ocupar tras la llegada del PSOE al poder, en 1982: directora general de Cinematografía y, después, directora general de RTVE.

Las polémicas siempre rodearon a esta realizadora. Pilar Miró sufrió dos procesos judiciales de enorme resonancia pública y características muy diferentes. Uno, el que nos interesa más, por presuntas injurias a la Guardia Civil a raíz de su película El crimen de Cuenca (1979). Pilar fue sometida a un proceso militar por este largometraje aunque fue sobreseído en su momento. Basado en hechos reales, el filme relataba cómo la Guardia Civil había torturado a unos campesinos sospechosos de asesinato que resultaron inocentes. La cinta fue secuestrada y prohibida durante varios años. La propia Miró resumió así lo que supuso esta cinta: “Lo fundamental de El crimen de Cuenca es contar cómo se puede llegar a destruir a dos personas, cómo se les puede llegar a convertir en animales, tanto física como psíquicamente, a través de la aplicación de procedimientos salvajes”.

Ya en su etapa al frente de RTVE Pilar Miró fue vilipendiada por presunta malversación de fondos públicos. Se la acusó de haber utilizado dinero público para pagar su vestuario, en calidad de directora general de RTVE; dinero que, por cierto, devolvió, algo cuanto menos inaudito en estos tiempos en que proliferan tantos casos de corrupción en España y pocos asumen responsabilidades. El caso se cerró judicialmente en 1992 con una sentencia absolutoria y con todos los pronunciamientos favorables, tras haber sido convertido en uno de los escándalos más jaleados de la por entonces joven democracia española.

Merece la pena visionar esta película aunque puede resultar dura para ciertas personas más sensibles pues muestra escenas donde se ve, por ejemplo, cómo se arranca el bigote de uno de los acusados con unas tenazas mientras que al otro se le cuelga de una barra horizontal, sosteniéndose con las manos y con los pies, teniendo atado un cordel a sus genitales. Son torturas terribles, llenas de sadismo, que nos recuerdan a las cometidas por las dictaduras de Argentina, Chile o Uruguay durante la década de los 70 y 80.

Como podremos imaginar, la cinta suscitó muchas polémicas, mucho antes de iniciar su rodaje: desde los propios vecinos de la provincia de Cuenca hasta de la prensa más reaccionaria o de miembros ultraconservadores y militares cercanos al franquismo. Los medios de comunicación se hicieron eco e incluso tuvo su resonancia fuera de España, convirtiendo a este título imprescindible del cine español en un firme alegato contra el uso de la tortura en cualquier lugar del mundo, en definitiva, se configuró en un revulsivo contra la injusticia y en contra de los procedimientos violentos para obtener determinadas declaraciones.
 

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